Por. Juan Lázaro/ reporterosenmovimiento.com.
12:25 hrs.
Tenango del aire. Edoméx. 08 de Septiembre de 2025.- La Contraloría del poder legislativo del Estado de México inició una investigación por la responsabilidad administrativa del ahora ex presidente municipal de Tenango del aire, Roberto Ávila Ventura y de cuatro de sus regidores, por falta grave de desacato, ya que son responsables de negar información a requerimientos del contralor del poder legislativo.
La falta grave del desacato la cometió Roberto Ávila Ventura cuando era presidente municipal de Tengo del Aire, en su segundo periodo, junto con los regidores María Guadalupe Agustinos Acevedo (segunda regidora), Alejandro Castro Conde (tercer regidor), María Sánchez Castro ( cuarta regidora ) y David García Pérez ( séptimo regidor).
De acuerdo a información oficial de la contraloría del poder legislativo del Edomex, la infracciones que se les imputan a los presuntos responsables son por «haber descartado requerimientos del contralor del poder legislativo del estado de México; como de la autoridad investigadora, con sede en Toluca, y de la autoridad investigadora con sede en Chalco».
Ambas oficinas están adscritas a la Dirección de responsabilidades administrativas de la contraloría del poder legislativo del estado de México.
El desacato es porque los presuntos responsables no dieron respuesta oportuna a los oficios marcados como CPL/DRA/AI-A140/2023, CPL/DRA/A-437/2023, entre otros tres documentos más, dirigidos al entonces alcalde.
Así mismo, los regidores también recibieron peticiones por escrito por parte de la contraloría del poder legislativo, pero no dieron respuestas.
«Amén de que no brindaron ninguna justificación de la entrega extemporánea de la información, a pesar de que esta autoridad investigadora » D» les dijo su garantía de audiencia para ese tema».
El poder legislativo notificó el 16 de julio de 2025 a Roberto Ávila Ventura y a sus cuatro regidores de la falta grave de desacato, derivado del expediente de investigación EI/DRA/D/060//2024.
Los presuntos responsables no dieron respuesta oportuna a otros documentos que también bien les giró el poder legislativo, aunque se les dio la oportunidad de que respondieran por escrito ante la autoridad investigadora.
Por este motivo la Contraloria les impuso a medida de apremio o multa, a cada uno de los funcionarios, la cantidad de 10 mil 857 pesos.
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