PARA HECHOS. 15 DE MARZO DE 2016.
Para Hechos…
*Tierra Blanca
Lorenzo Delfín Ruiz
De no ser por el calor pela-pollos que fustiga a sus habitantes o porque el ferrocarril continuamente la abastece de centenares de migrantes torturados por narcos, policías y agentes de migración, Tierra Blanca es una ciudad que difícilmente trascendía en el ambiente nacional.
Ubicado en la cuenca del río Papaloapan, ese municipio de altísima vocación rural, comercial y ganadera es ahora referente obligado para describir la desquiciante corrupción policíaca y lo vergonzante y putrefacta que puede resultar una administración pública, como ante las evidencias lo es la del estado de Veracruz y la parte que le toca al gobierno federal.
Por su territorio cruza una de las dos principales carreteras que comunican al Sureste del país y a Centroamérica. Es de uso libre y por ella circulan al día decenas de miles de automovilistas y unidades de carga… un exquisito bocado para las hordas de delincuentes y policías municipales, estatales y federales que desde siempre han extorsionado, secuestrado y ejecutado a propios y extraños.
Antes era sospecha o rumor esparcido con miedo. Ahora se afirma que la libertad e impunidad de que disfrutan ahí bandidos de todo signo, locales e “importados”, provienen de la protección que les han concedido cíclicos gobiernos estatales. Nada más que al actual la marrana le resultó chillona a partir del secuestro y ejecución de cinco jóvenes que tuvieron la desgracia de toparse con agentes policíacos asesinos que los entregaron a otros asesinos de profesión.
Llevado ahora al escenario nacional debido a la persistencia y denuncia de los familiares de los jóvenes ejecutados, al asesinato de un mecánico a manos de militares y a que a la población ya le colmó el plato tanto estropicio, en realidad Tierra Blanca desde hace más de 45 años es sinónimo de alcaldes ladrones y sin escrúpulos y de criminalidad desbordada, incluidos municipios colindantes y los de Oaxaca, con quien también hace vecindad.
A tal grado está podrida la seguridad y la función pública, que la zona del Papaloapan ha prohijado a decenas de cuatreros y bandas de asaltantes, asesinos y narcotraficantes que han alcanzado niveles de celebridad en la región. El hecho de que las organizaciones criminales hayan sido encabezadas por servidores públicos y hasta por familiares de gobernadores en distinto turno, ilustran de sobra la impunidad reinante.
Por añadidura, las víctimas no solamente son ciudadanos de paso ni todos los victimarios son fuereños. Abundan los de manufactura local. Gran parte de sus 94 mil habitantes distribuidos en las 469 localidades que registra el INEGI tiene una historia sangrienta que contar o una historia propia de latrocinios que ocultar… como la del propio gobierno salvaje de Veracruz, sin cuya protección –sostiene el pueblo- las pandillas asesinas no inundarían de sangre y saqueos las casas, calles, carreteras y caminos rurales de Tierra Blanca.
Hasta enero de este año, el inconexo gobernador Javier Duarte de Ochoa, con una enorme carga de grasa, desvío de recursos públicos y prepotencia a cuestas, gozaba de cabal libertinaje… hasta que en el gobierno federal -que para entonces seguía haciendo mutis frente a las cotidianas masacres perpetradas en todo el estado- algo fue activado para hacerle sudar la gota gorda a su fraterno funcionario priista.
Ese “algo” fue, de entrada, el bloqueo al monumental peligro que significa para el PRI sostener a un ejemplar de esa calaña con un proceso electoral en puerta para renovar la gubernatura –esta vez por dos años- y el Congreso Local. El riesgo mayor es perder para la elección federal de 2018 el control de más de cinco millones de votantes en un estado que, como Veracruz, es importante abrevadero del priismo.
Fue entonces que desde el ex Distrito Federal a Duarte de Ochoa le soltaron los perros, traducidos en una interminable lista de delitos en el manejo de presupuestos descubiertos y denunciados tiempo atrás, pero ahora avalados y documentados por la Auditoría Superior de la Federación.
El gordo expediente abarca el explosivo desvío de millonarios recursos para la seguridad pública y la retención de más de dos mil millones de pesos destinados a la ilustre Universidad Veracruzana, cuyas autoridades y alumnos le hacen hervir la sangre al gobernador por las descomunales manifestaciones que le dedican para exigirle el dinero y su renuncia.
Sin embargo, el chirrión para fustigar al impopular y estomacal gobernador lo esgrimió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a quien en otras circunstancias jamás se le hubiera ocurrido siquiera pasar por Tierra Blanca, y menos para encabezar las investigaciones en torno de la desaparición de los cinco jóvenes, como le fue encomendado.
Para atenuar más bochorno político y de paso impedirle a Duarte de Ochoa la imposición de “su” candidato a relevarlo, a Campa se le sumaron y le marcaron su raya por separado el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y hasta el senador Héctor Yunes Landa cuando pujaba por la candidatura priista a la gubernatura, misma que ahora detenta.
La lectura final es que Duarte, con todo y que la Cámara de Diputados federal ofreció someterlo a juicio político pero sólo después de otros noventa y tantos personajes que están en la picota (con cálculos conservadores y por la rapidez que distingue a los legisladores, se prevé que “estaría listo” por ahí del año 2068), para los veracruzanos se muestra todavía dolorosamente inamovible.
De ribete, ya enfriado el tema y pasado el proceso electoral, se verá en su real dimensión si se procuró justicia plena en el caso de los cinco jóvenes y el mecánico ejecutados, si fueron castigados los autores de los delitos presupuestales o todo fue el pretexto para una jugarreta política.
De prevalecer la impunidad y ya ido Duarte con las alforjas al tope, es entonces que la población le podrá hacer la petición acuñada ya por la prole nacional: “¡Por favor, regresa… pero lo que te robaste!”