
Por Julisa Mejía Guardado*
Tres años de simulación en México llevan al país al derrumbe económico, social y político que ahora vivimos. Miles de desaparecidos, otro tanto de ejecutados, feminicidios, inseguridad creciente, violencia en todos los rincones, corrupción desbordada, impunidad, son indicadores de una nación en quiebra, pese a que no formamos parte de ninguna región en guerra ni de sociedad dividida por religión alguna, sino una sociedad sumergida en la pobreza de todo tipo por la clase política que insiste en sus políticas neoliberales que han demostrado en el mundo, que no son las adecuadas para llevar a mejores estadios de desarrollo a país alguno.
Solo quienes no ven que la impunidad y la corrupción permean aún más en las instituciones de la sociedad desde la llegada de este gobierno, se engañan ellos mismos y no se dan cuenta de que el regreso del PRI al gobierno no significó salvación alguna, ya que la violencia, inseguridad y pobreza crecieron con sus políticas en contra de todos los mexicanos.
En lo político la “Alianza contra México” que desde el 2006 establecieron con el PVEM, que de ecologista no tiene nada al grado que los demás partidos en el mundo lo echaron de sus filas por eso mismo, es una muestra de las políticas corruptas que han venido implementando en el país con la intención de contar con instituto adjunto para engañar a la población de que, si no votan por el tricolor, lo hagan por los verdes, que en los hechos son la misma cosa.
Fue así como el partido de la familia González Torres hizo del mismo una franquicia que se vende al mejor postor. Primero con el PAN que les negó los puestos que ellos demandan en el gobierno de Fox, por lo que emigraron al PRI, tricolores que, al regresar a Los Pinos, si les cumplieron con los cargos en la administración federal, al grado de nombrar al más representativo de los delincuentes electorales en un cargo para prevenir los delitos de la Secretaría de Gobernación.
En la legislatura federal pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, denuncie la coacción al voto, el uso ilegal de datos personales y otras violaciones a las leyes que el PVEM realizaba para allegarse simpatizantes en las elecciones pasadas del 7 de junio. Esto además de las denuncias que otros partidos realizaron en su contra por compra de spot y de propaganda anticipada que venían haciendo.
Todo indica que utilizando el padrón del INE y con la complacencia del árbitro electoral, enviaron 10 mil tarjetas de descuentos a supuestos simpatizantes de su partido con el fin de coaccionar el voto a favor de su instituto político a través de una tarjeta de descuento en miles de negocios y boletos al cine para las familias que lo recibieron, además de utilizar propaganda prohibida en la campaña.
Desde antes a través de los canales de la telebancada estuvieron realizando campaña de manera anticipada sin que la autoridad electoral actuará para frenarla y aplicar la ley electoral en contra de quienes la violaron de manera sistematiza con toda impunidad.
Todo esto fue público, del conocimiento de todos, de la autoridad electoral y todo quedó en una simulación de castigos con multas que los órganos responsables fueron reduciendo para “taparle el ojo al macho”, como dice el dicho y simular que políticamente estamos avanzando. Es decir, después de las tarjetas Monex en la elección presidencial, el PRI utilizó a sus aliados para hacer lo mismo y no sancionar sus acciones ilegales en la elección intermedia.
Después de recibir una tarjeta con mi nombre como si fuera afiliada de su partido, acudí a la instancia de delitos electorales de la PGR para denunciar al PVEM de uso ilegal de datos personales y la coacción al voto a través de medios no permitidos por la ley que estuvieron realizando de manera impune durante el proceso electoral, para que se sancionará a los responsables.
Recordemos que el llamado “Niño Verde” se vio involucrado en el cobro de dos millones de dólares como intermediario de una inmobiliaria para construir sobre manglares de Cancún con el apoyo del PVEM. La muerte de una turista búlgara que cayó de su departamento con valor de 1.5 millones de dólares que tiene en el edificio Emerald de la misma ciudad y su remisión al Torito por conducir bajo influjo alcohólico, son algunas de las hazañas del hijo del fundador de este partido familiar.
Arturo Escobar que durante 9 años fue el vocero de los verdes, también tiene su historia, porque en el año 2009, fue detenido en el Aeropuerto de Chiapa de Corzo, junto con el empresario y dirigente estatal del PVEM en Chiapas, Fernando Castellanos, por no haber notificado la portación de un millón cien mil pesos en efectivo, contenidos en una maleta Louis Vuitton.
El ecologista aceptó que el equipaje de lujo era suyo, pero dijo que el dinero que iba adentro no, que todo indicaba que gente del PRD lo había metido para incriminarlo. Y aun cuando no dijo quién y por qué lo habría hecho, le creyeron y no hubo sanción alguna, la ley no se cumplió y siguió violándola de manera sistemática y con mayor impunidad.
Por ello, la petición de la Fepade de aprehensión de quien fuera subsecretario de Gobernación, podría ser una cortina de humo para ocultar la debacle del gobierno después de tres años de entrega del país a los intereses extranjeros, el crecimiento de la pobreza, corrupción, inseguridad y violencia. O para que las televisoras y poderes fácticos continúen gobernando el país en función de sus intereses con sus gobernantes egresados del canal de las estrellas, como sus soldados en el gobierno.
Hay que esperar que se gire la orden de aprehensión en contra de este delincuente electoral, que podría ser chivo expiatorio de los enemigos internos de Los Pinos, o que la impunidad siga reinando. Eso lo dirán los jueces en los próximos días. ¿Serán castigados ahora sí los verdes violadores de la ley?
*Dirigente social
