ROBERTO ACEVEDO
Ecatepec, Estado de México.-El legislador mexiquense, Octavio Martínez Vargas denunció que al aprobar la donación de un predio de más de 2 mil metros adquirido en 7 millones de pesos para la construcción de la casa para ministros de culto y oficinas diocesanas, el Congreso Local violó la Constitución federal en el artículo 130.
Octavio Martínez señaló que en el mes de marzo de adquirió el terreno con recursos del erario del ayuntamiento de Ecatepec, y 30 días después el cabildo aprobó la donación a la diócesis de Ecatepec de ese mismo terreno.
El Congreso local aprobó la donación y con ello quebrantó el procedimiento parlamentario, pues el punto de a tratar fue incluido en el orden del día, 5 minutos antes de la sesión, por ello se declaró un receso para su validación en comisiones sin haber realizado un previo análisis.
La población no esta de acuerdo y se han recabado 70 mil firmas para desaprobar y revertir la donación de este terreno ubicado en el centro de San Cristóbal, el cual tiene una extensión de 2 mil 885 metros y representó una erogación de 7 millones de pesos.
El Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio histórico de la separación del Estado e iglesias, y se indica que “las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas”, fustigó el legislador.
Martínez Vargas, consideró la aprobación de la donación del predio, como una sugerencia del Partido Revolucionario Institucional a la iglesia para cobrar la factura político-electoral con el apoyo de feligreses durante el próximo proceso del 2015.
Este regalo no va a ganar el cielo de los políticos de filiación priísta, pero lamentó que ese obsequio resulte a costa de los contribuyentes, en todo caso, hubiera donado a la iglesia alguna de sus propiedades.
La iniciativa refiere que en el terreno se edificarán casas habitación y oficinas diocesanas. No obstante, destacó Martínez Vargas, en Ecatepec los pobladores necesitan escuelas de nivel medio superior y superior, espacios para mujeres violentadas, o sitios acondicionados en la búsqueda de jóvenes desaparecidas para dar atención a sus familias.
“Con 7 millones de pesos, se habrían recuperado espacios públicos, solventado programas sociales… Si llevan prisa, al menos deben respetar el proceso legislativo; mis compañeros no deben olvidar que no representan a un gobierno, sino al pueblo, y no tienen por qué violentar el proceso legislativo”