18 abril, 2026

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MEJIAJULISA (28)* Llamó a sacar de la congeladora la iniciativa de salarios máximos

* Si el salario mínimo debe superar la línea de la pobreza, el máximo hay que bajarlo de la nube de privilegios, comentó

* Los gobiernos de la transición dispararon los salarios de la alta burocracia

Para impulsar políticas públicas a favor de las familias y de los sectores más vulnerables de la sociedad, es necesario regular los altos salarios de los funcionarios que en los gobiernos de la llamada transición se dispararon y que ahora, los que regresaron al poder, se niegan a bajarlos favorecidos como están de las remuneraciones que se llevan, afirmó la diputada Julisa Mejía Guardado.

La legisladora del Sol Azteca comentó que si bien es necesario que los salarios mínimos de millones de mexicanos, dejen de estar por debajo del umbral de la pobreza y servir para lo constitucionalmente establecido, es necesario regular los salarios de la alta burocracia del país y terminar con el sistema de privilegios y la red de corrupción que existe, para que esos recursos se destinen a políticas públicas y acciones a favor de todos los mexicanos.

“Para nadie es un secreto que durante los gobiernos del PAN, se incrementó la burocracia federal y los salarios de los altos funcionarios de manera indiscriminada. Un ejemplo de ello lo tuvimos en el Estado de México, cuando gobernaron el municipio de Ecatepec y donde su presidente se pagaba un salario de medio millón de pesos mensuales, superior al del presidente de la república”, puntualizó.

Mencionó que la minuta de los salarios máximos enviada por El Senado a la Cámara de Diputados la legislatura pasada, fue congelada porque el PRI esperaba regresar al poder y con ello beneficiarse de los altos sueldos que les dejó la administración de Calderón, por lo que ni siquiera se analizó en las comisiones donde fue remitida.

Es una legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, y establece que ningún funcionario de los tres niveles de gobierno podrá tener un salario superior al que devenga el Ejecutivo federal, apuntó.

Regula, dijo, las remuneraciones de los servidores de los poderes de la Unión y los entes públicos con autonomía constitucional.

La norma establece de tres meses a 14 años de prisión a los funcionarios públicos que otorguen y reciban un pago no autorizado por la ley, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de seis meses a 14 años, señaló.

Mejía Guardado comentó que se excluye de estas sanciones al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Asimismo, la ley prohíbe los estímulos o compensaciones por la finalización de un encargo como servidor público, lo que se aplicará a diputados y senadores, así como para gobernadores y el titular del Ejecutivo.

Además de que señala que ningún servidor público recibirá una remuneración mayor a la presidencial, tampoco podrán tener un sueldo igual o mayor que su superior jerárquico, salvo por el desempeño de varios empleos públicos compatibles o cuando sea producto de las condiciones generales de trabajo.

Por ello, cree que si se ajustan los salarios de la alta burocracia mexicana, se ahorrarían miles de millones de pesos del gasto corriente para destinarlos a obras prioritarias que demanda la población, “y la minuta está aquí y podríamos aprobarla junto con una reforma del campo que permita su rescate y desarrollo para recuperar nuestra soberanía alimentaria y evitar los despojos de tierras que están en ciernes, antes de concluir esta legislatura”.

No que quieran, terminó, los representantes de los patrones, realizar una consulta del salario mínimo sin pensar siquiera en verdad mejorarlo, sino para contrarrestar la consulta popular energética para revocar los cambios realizados en la materia, lo que dejaría a algunos colgados de sus negocios particulares en el sector.

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