**Con Enrique Peña en Edomex, se encarceló a dirigentes
**Con Eruviel Ávila, se procesará a profesores que se atrevan a educar sin visto bueno del estado.
**Quieren acabar con las agrupaciones magisteriales que no se sometan al estado.
JUAN LÁZARO SANTIAGO
Para el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, el maestro que se atreva a dar clases bajo un árbol o en una aula construida con tablas o láminas de cartón, que enseñe a escribir y a leer a niños que por encontrarse en colonias populares y que carezca de reconocimiento oficial, puede ser tratado peor que un delincuente y enviado a la cárcel, donde será procesado por “el delito de educar”.
La iniciativa fue presentada en el pleno en el quinto período extrardinario de la LVIII legislatura (20 de junio del 2013), por Antonio Rodríguez Hurtado, del Partido Nueva Alianza, que propone sanciones de cinco a 10 años de prisión y multa de mil a cinco mil dias, a profesores que de “manera ilícita” impartan educación en el estado de México.
La propuesta legislativa intenta agregar al Código Penal, el capitulo XX sobre “La impartición ilícita de la educación”, además, modificar el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Educación del estado de México, para sancionar a quienes, sin los permisos respectivos impartan educación en sus diferentes modalidades y niveles.
La propuesta del diputado de Nueva Alianza recomienda que sí se aprueba esta ley, la persecución en contra de profesores que impartan educación sin autorización del gobierno del estado de México, debe seguirse “de oficio” y castigarse severamente.
He aquí, parte de esta iniciativa:
“Es fundamental continuar con la protección de la educación que se imparte en términos lícitos. Por ello, al advertirse este fenómeno de ilicitud en la educación, altamente lesivo a la sociedad, se considera necesario sancionarlo de forma más severa, incluyéndolo en el Código Penal del Estado de México, al adicionarse un Capítulo denominado “Impartición Ilícita de Educación” y una fracción a su artículo 176, a fin de que las personas que impartan educación de tipo básica, media superior o superior en cualquiera de sus modalidad y vertientes, sin autorización o reconocimiento de validez oficial, se les imponga una pena, agrupando esta conducta a la de usurpación de funciones públicas o profesiones, por la naturaleza del latrocinio.
Así, se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación de servicios educativos realizada por persona física, miembros o representantes legales de una persona jurídica o de una sociedad, corporación, empresa o grupo, sin tener autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, de conformidad con los requisitos que establezca la ley de la materia, pero además, que expidan cartillas, boletas, constancias, diplomas, certificados, títulos, grados o cualquier otro documento que acredite estudios sin validez oficial”.
El diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado, tal vez tenga razón de que se sancione a personas que lucren con la educación, y sobretodo, sí tiene la seguridad de que el estado –federal o estatal- realmente garantice la educación pública, como lo señala en su iniciativa.
Sin embargo, en el estado de México, el gobierno, no cumple con la mínima prestación de servicios educativos en los municipios, ni de preescolar, primaria, secundaria y educación media. ¡No!.
Es común ver en municipios que niños que viven en zonas urbanas como Chicolopan, Chimalhuacán, Teotihuacán, Texcoco o en campesinas como Atlautla, Ecatzingo, Juchitepec, que no tienen una escuela cercana para poder estudiar.
Además, cada vez, es el mayor de jóvenes que se quedan sin estudiar porque no se cuentan con las suficientes preparatorias en el estado de México o de primarias en zonas rurales o urbanas, donde, niños, se quedan sin aprender a leer y a escribir, porque no hay profesores del estado o escuelas.
Entonces, primero, antes de que se presente este tipo de inicitivas, se debe de cumplir con lo que marca la constitución mexicana y la mexiquense, para que ningún niño o joven se quede sin estudiar en este país.
Solo entonces, se debe de plantear este tipo de iniciativas que tendrá toda la razón de ser, de castigar a los que lucren con la educación, pero mientras, no haya esa garantía constitucional de educación para todos, la propuesta de ley de Nueva Alianza, se puede tomar como un acto intimidatorio para los profesores de organizaciones populares que son los primeros en meterse a una lodosa colonia, sin servicio, arriesgandose a todo, con tal de abrir una escuela.
Y efectivamente, esta iniciativa de ley, solo parece ser otra manera de hostigar y encarcelar a los maestros que promueven la creación de escuelas populares. Una nueva forma de represión gubernamental.
Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el estado de México, la modalidad, fue encarcelar a maestros que encabezaban protestas o mitines para exigir reconocimiento oficial de escuelas, dotación de mobiliario y construcción de aulas, hoy, con Eruviel Ávila, se pretender someter e impedir el crecimiento de las organizaciones magisteriales que a diario luchan por conseguir beneficios para escuelas populares.
La lucha por escuelas en el estado de México nació por la misma necesidad de que niños de zonas marginadas, como lo era Neza, en los años setenta, no tenían dónde estudiar, entonces, empezaron a nacer las organizaciones magisteriales que buscaban a través de la movilización y la organización de los padres, a construir escuelas.
La historia se repitió en Valle de Chalco, aquel gigantesco asentamiento humano irregular en donde el estado mexiquense no tenía la capacidad de construir las suficientes escuelas para albergar a todos los niños que deseaban conocer sus primeras letras.
Ecatepec, Toluca, Chicoloapan, San Juan Teotihuacán, por decir de algunos municipios, donde hay crecimiento urbano, actualmente se han formado escuelas a partir de la lucha social de organizaciones magisteriales y padres de familias que buscan que sus hijos no se queden sin educación en este país, donde no se atiende de forma adecuada el tema educativo.
Pero el nacimiento de organizaciones magisteriales y sus constantes luchas, es por el mismo error del estado, de no garantizar al 100 por ciento la educación, al gobierno –llamese federal o estatal- se le debe de arrancar de hecho los recursos para construir escuelas o pagar a profesores.
Ahora, las quiere eliminar, ya que siempre, las agrupaciones magisteriales son las primeras en encabezar manifestaciones sociales en demandas de servicio, lo que mucho molesta a gobiernos como los de Eruviel Ávila y la de Enrique Peña Nieto.
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Me parece excelente su articulo y me interesa sobremanera documentar la historia de las escuelas populares en Cd. Neza. ¿Podriamos intercambiar información al respecto?
Tiene razón en sus comentarios. Quienes con escasos recursos impartimos preescolar en colonias de muy bajos recursos estamos en esta situación, cobramos apenas si módicas cuotas de recuperación para que los niños asistan al colegio; sin embargo este decreto nos ha dejado sin trabajo y a los niños sin escuela. ¿Los legisladores conocen las colonias populares? ¿saben acaso el trabajo que hacemos en los Centros Comunitarios donde laboramos de 7 a 7? ¿Les importa de verdad mejorar la educación?