Ante la aprobación por parte de la Diputación Permanente del nombramiento de la Maestra Laura Xóchitl Hernández Vargas, como Magistrada numeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (TRICAEM)”, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, a quién en la misma sesión rindió protesta, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD Dip. Héctor Miguel Bautista López, informa lo siguiente:
1.-Me manifiesto en contra de la iniciativa de decreto por el cual hoy se ha aprobado dicho nombramiento dado que se incluyó en el orden del día de la Diputación Permanente de esta Legislatura el día de hoy, sin que mediara previo aviso, ni hubiera posibilidad de análisis del asunto como es el procedimiento habitual.
2.-El voto a favor de dicho nombramiento emitido por el Diputado Octavio Martínez Vargas, quien funge como presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, es estrictamente de carácter personal, y no cuenta con aval del Grupo Parlamentario del PRD, dado que como se dijo anteriormente no fue consensuado en la junta de coordinación, ni discutido y analizado en comisiones.
3.-Hago del conocimiento de los ciudadanos que en el próximo periodo presentaremos una iniciativa de ley donde se establezca que sólo el pleno y por mayoría calificada podrá aprobar los nombramientos de magistrados y miembros de los órganos autónomos del estado, pues considero que esta será la única forma de garantizar que sean electos aquellos que gocen de méritos suficientes.
Asimismo reitero que conforme a lo que previamente se ha acordado en el seno del Grupo Parlamentario del PRD, debe hacerse valer que quienes ocupen el cargo de Magistrados del Tribunal de los Contencioso deben gozar de la suficiente preparación académica, experiencia, conocimiento de la materia administrativa del derecho y las adjetivas correspondientes a las diferentes actividades que desempeñan las instituciones públicas y además deben ser personas con una conducta ética irreprochable, que generen confianza y garanticen con su desempeño el respeto al valor más importante de la institución: la autonomía con respecto al poder público.