SAN LÁZARO

JUAN HERNÁNDEZ

* Avalarán Ley de Contabilidad para la contratación de deuda

* Propone el PRI pagar jubilaciones a ex electricistas del SME

* Inequidad de género en congresos locales y ayuntamientos

La Comisión de Hacienda podría ratificar en sus términos la minuta de la Ley de Contabilidad Gubernamental, que envió el Senado, porque “viene más dura” de como la presentó el Ejecutivo y será difícil modificarla, afirmó el presidente de esta instancia legislativa, José Trejo Reyes.

“Podríamos ratificarla como viene y mandarla así al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación. La fecha fatal es el 26 de octubre como iniciativa preferente, para que el Presidente Calderón la reciba y la promulgue”, comentó.

La Comisión de Hacienda se instaló el jueves pasado, se declaró en sesión permanente y tiene previsto reunirse para continuar con el proceso de dictaminación.

La reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental establecerá como una obligación la transparencia del gasto público en estados y municipios, e instaurará penas de hasta siete años a quien oculte información, señaló Trejo Reyes.

“Lo que se pretende en esta ley es un seguimiento escrupuloso de la salida del gasto, la llegada a su destino y en todos los niveles, presidentes municipales, diputados, gobernadores, puedan y estén obligados a dar a conocer a la gente en dónde tuvo fin el dinero que sale del gobierno federal; actualmente no es así”, dijo.

De acuerdo al Índice de Información Presupuestal 2012, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, las 32 entidades federativas resultaron reprobadas este año en transparencia presupuestal, con un promedio de 56 por ciento, con una base de 100.

Uno de los rubros que destaca en este informe, publicado en la prensa la semana pasada, es la deuda pública estatal, que en total se ubica en 404 mil millones de pesos.

Señala que la situación actual representa un serio problema para la mayoría de las entidades, pero si “continuaran los criterios de opacidad y de falta de transparencia, no se puede garantizar la salud de las finanzas públicas a futuro”.

El promedio de la deuda estatal, como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB), representa 2.8 por ciento, sin embargo hay entidades más endeudadas que alcanzan 7.9, 6.6 y 6.0 por ciento.

El legislador bicolor dijo que no se pueden poner candados a los estados para la contratación de deuda pública poniendo como garantía las participaciones federales, porque sus tasas serían muy altas o simplemente los bancos no prestarían los recursos.

“Los bancos no te prestan si no le pones como garantía las participaciones federales, porque los banqueros no van a correr el riesgo, te darían un crédito a una tasa muy alta si tú no les pones como garantía liquidez”, dijo.

“Eso no vas a poder quitarlo, pero si vas a poder darle seguimiento, porque ahora (la Ley de Contabilidad Gubernamental) te obliga a registrar todo el crédito público.

Precisó con esta nueva norma, todo tipo de registros ante bancos o ante proveedores deberá hacerse público.

 

JUBILAR A EX ELECTRICISTAS

Que la Secretaría de Energía, pague su jubilación a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no hayan cobrado la liquidación y que durante el período comprendido entre la fecha del decreto de extinción y hasta el 31 de diciembre de 2012 cumplan con los requisitos establecidos para jubilarse, se les haga válido ese derecho propuso el senador Omar Fayad Meneses.

Ello, conforme a lo estipulado en los contratos Colectivo e Individual de Trabajo, y en el Reglamento de Trabajo para el personal de confianza.

Al mismo tiempo, hizo un llamado al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y subsecuentes, se contemplen recursos para el pago de las jubilaciones de los ex trabajadores que caigan en el supuesto.

El hidalguense tricolor subrayó que la jubilación “no es una graciosa concesión de patrones o de autoridades, es un derecho social que se ha ganado a través del sacrificio de generaciones de mexicanos”.

Es un acto de justicia, dijo, y debemos ser la representación de esos trabajadores de edad avanzada, que ante el desgaste físico, pérdida de facultades y después de haberle dedicado su vida a la empresa, difícilmente encontrarán un trabajo para cumplir con los requisitos necesarios para jubilarse.

En ese sentido, subrayó que el decreto de extinción garantiza el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de LyFC, al señalar la obligación del Gobierno Federal para prever los recursos necesarios para hacer frente al pago de los trabajadores jubilados.

Existe, sin embargo, un grupo de ex trabajadores que por la antigüedad laboral que ostentaban al momento de ser emitido el decreto de extinción del organismo estaban a tres años o menos de jubilarse, y perdieron la oportunidad de hacer valer su derecho, con un retiro digno y decoroso, finalizó.

 

INEQUIDAD POLITICA

Los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en todos los cargos de elección popular, demandó la profesora mexiquense Lucila Garfias Gutiérrez del Panal.

Dijo que en la elección federal de 2012 aumentó 9.2 % la representación de mujeres en comparación con el 2009; 36.8 % de los integrantes de la Cámara de Diputados son mujeres (184), proporción nunca antes alcanzada. En el Senado hay 42 mujeres, que representan 32.8 %, en comparación con 2009 que apenas alcanzaban 22.7 %.

Consideró que el escenario más adverso de la participación política de las mujeres se encuentra en el ámbito municipal, ya que en 25 años sólo se han incrementado tres puntos porcentuales las presidencias encabezadas por mujeres. De los dos mil 440 municipios y 16 delegaciones del D.F, únicamente 156 están presididos por una mujer, lo que representa 6.8 %.

En los congresos locales, dijo, las mujeres representan 23.6 %, es decir, hay aproximadamente 255 legisladoras y 885 legisladores, del total de mil 140. Ocho de las 32 entidades superan la masa crítica de 30 % de mujeres en sus Congresos: Oaxaca (35.7), Chiapas (35), Campeche (34.3), Baja California Sur (33), Tamaulipas, Morelos, Zacatecas y Veracruz (30).

Sin embargo, agregó, entidades como Aguascalientes, Coahuila y Puebla no superan 15 % de mujeres. Los 32 códigos o leyes electorales locales señalan la importancia de impulsar mecanismos que fomenten la participación equitativa de las mujeres en cargos de elección popular, aunque los diseños electorales y sus alcances difieren.

Algunas entidades incorporan cuotas para candidaturas de propietario y suplente, tanto para candidaturas de mayoría como de representación proporcional. Y en cuanto al porcentaje de la cuota, 9 estados consideran la paridad (50 por ciento) en candidaturas de representación proporcional, en tanto que el resto estipula cuotas que van del 40 al 30 %, con excepción de Nayarit, que únicamente recomienda promover la equidad de género y etnia en las candidaturas, precisó.

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